Leire Sopuerta Biota / Fotos: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. La norma no recogerá la fusión de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), tal como pedía el PP, ya que todos los grupos han votado en contra de esta enmienda. Lo que sí incluirá es la prohibición de vender alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares en los centros escolares. Esta medida, al contrario de la anterior, ha sido apoyada por todos los diputados, excepto los del Grupo Popular.

La Mesa de la Comisión de Sanidad del Congreso, que ha dado luz verde a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Si bien, el texto no especifica los límites de dichas sustancias, que se establecerán por reglamento durante su desarrollo normativo. Esta medida ha sido acordada por todos los grupos salvo por el PP, ya que como ha destacado su diputado Ángel Pintado, “no hay alimentos buenos ni alimentos malos, sino dietas equilibradas”. Ahora irá al Senado, al tener la Comisión competencia legislativa plena.

La norma, que unifica la legislación sobre alimentos y nutrición, tiene como objetivo garantizar la seguridad de los alimentos y reforzar la protección de los ciudadanos en todos los ámbitos relacionados con la alimentación y sus derechos como consumidores.

Concepció Tarruella, portavoz de CiU; Joseba Agirretxea, diputado del PNV; y los populares Ángel Pintado y Belén do Campo.

Otras modificaciones introducidas en el proyecto de ley se refieren a aspectos como el reconocimiento del derecho a la seguridad alimentaria; la referencia a las familias como responsables principales junto con la administración en la transmisión de hábitos saludables a los hijos; y las obligaciones informativas de la Administración del Estado con las comunidades autónomas y las entidades locales que realicen control oficial. La norma también incorpora a las mujeres gestantes entre los colectivos prioritarios en las estrategias de salud y alimentación y a las oficinas de farmacia en los programas de prevención de la obesidad.

Otra de las medidas previstas es la creación de un Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad, que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de obesidad. Aspecto que ha sido rechazado por el Grupo Popular al considerar que “en tiempos de crisis es un gasto innecesario”, según la diputada Belén do Campo.

Del mismo modo, los responsables de supervisar los menús escolares serán profesionales acreditados en las áreas de Nutrición Humana y Dietética, con el objetivo de que la "oferta alimentaria sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos". En lo que respecta a la publicidad de alimentos, se establece que los centros escolares estarán "libres de publicidad" salvo en aquellos casos en que las autoridades escolares y sanitarias estimen que es beneficioso para los alumnos. Asimismo, en cuanto a la publicidad de alimentos en otros ámbitos, se ha optado por la vía de la autorregulación, mediante la firma de acuerdos de corregulación con los operadores económicos y los responsables de comunicación audiovisual.

Los diputados del Grupo Socialista Alberto Fidalgo, Alejandro Alonso, Pilar Grande y José Alberto Cabañes.